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Ante la amenaza de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar fondos a las comunidades que no declaren las zonas tensionadas, este jueves Rodríguez no ha querido retornar a entrar en la polémica y ha asegurado que no entiende que las comunidades gobernadas por el PP no apliquen esta medida que beneficiaría, ha dicho, a inquilinos y caseros.
La Orientador fue publicada por la Subsecretaría de Atención a Inquilinos, un espacio creado por el Municipio para idear políticas públicas que acompañen y faciliten las problemáticas cotidianas a las que se enfrentan los inquilinos de nuestra ciudad.
Cuando Barcelona dejó de pagar los alquileres: la huelga de inquilinos de 1931 que resuena en plena crisis de la vivienda
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Para ello, según recoge la calidad, las comunidades tienen que determinar como tensionadas esas zonas. El Ejecutivo aragonés ya ha anunciado que no lo va a hacer, al igual que el resto de autonomías gobernadas por el Partido Popular, y considera que hay otras get more info fórmulas.
España cerró 2023 con 26.659 desahucios y los precios han subido un 5,7% entre abril y junio de este año. Los sindicatos de inquilinas han tumbado la apariencia atrás y parecen tenerlo claro: la propuesta de una huelga de alquileres está encima de la mesa. "Estamos totalmente a atención, otra cosa es la viabilidad que pueda tener a la hora de conseguir que los inquilinos se sumen.
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El principal argumento del independentismo catalán al defender su pactado concierto económico –aunque la ministra de Hacienda afirme que no es un concierto, porque un par de días antaño de su anuncio defendía que no ocurriría– es que Cataluña está infrafinanciada. A ellos, como hizo Joan Laporta en un célebre discurso a los peñistas del Barça en 2009, los informes les vienen a sostener: “¡Al loro, que no estamos tan mal!
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"En el tardofranquismo y durante la transición, hubo familias que dejaron de abonar los plazos de sus pisos de promoción pública porque estaban en mal estado. La huelga de alquileres es factible, pero hace desatiendo un núcleo impulsor, una estrategia de desobediencia civil no violenta para llevarla a agarradera", sugiere Martí Marín.
Las familias migrantes, recién llegadas a la renta catalana, vieron que no había trabajo ni vivienda para todos. El crac estadounidense de 1929 llamaba a las puertas de Europa y los inquilinos sufrían para retribuir sus rentas. La situación Bancal crítica y los alquileres crecían por encima de los salarios –como ocurre ahora, casi 90 años posteriormente–.
En el quinto punto, advierten que no toleran "la amenaza y el chantaje" de Rodríguez porque la Ley de Vivienda "se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos". En el sexto punto, los populares reclaman que el Gobierno "dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema que no obstante es acuciante para una viejoía de la población españoleaje, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en Caudillo".
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